Amenaza de desalojo a pobladores históricos de Tortel tensiona relación con Ministerio de Bienes Nacionales

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Más aún cuando en paralelo se tuvo conocimiento que el organismo “estaba vendiendo más de 3 hectáreas de terrenos aledaños a los casos de desalojo, a una empresa de telecomunicaciones llamada CTR”, indica la organización en una declaración.

 

Una creciente tensión se vive en Caleta Tortel entre pobladores y el Ministerio de Bienes Nacionales, tanto por la amenaza de desalojo que sufren varias familias de la localidad que históricamente han habitado terrenos fiscales como por la enajenación de áreas públicas para fines comerciales privados que impulsa el Estado en la comuna.

Así lo manifestaron desde el recientemente creado Comité de Regularización de Tierras de Tortel, conformado el 10 de diciembre con 20 socios que representan a familias con situaciones pendientes de larga data en términos de tenencia de la tierra, tanto en el sector urbano como el rural.

Mediante una declaración pública la organización plantea que “todo se gatilló de forma abrupta cuando el Ministerio de Bienes Nacionales empezó a entregar citaciones a varios pobladores para presentarse individualmente y de forma urgente en la subsecretaria con sede en Coyhaique“.  En dichas audiencias se les comunicó que “debían desalojar a la brevedad los sitios que estaban ocupando desde hace años, ya que esos sitios estaban destinado a otros fines. Que si no lo hacían, se iba a llamar a la fuerza pública y que la única opción para tener un lugar donde vivir era participar de un Comité de Vivienda del Serviu“.  Producto de los extensos plazos de ejecución de los proyectos de vivienda fiscal en Tortel (10 a 15 años), el resultado sería que “los pobladores quedarían en la calle de un día para otro, sin un lugar donde vivir“.

En forma simultánea a este requerimiento, se tuvo conocimiento que Bienes Nacionales “estaba vendiendo más de 3 hectáreas de terrenos aledaños a los casos de desalojo, a una empresa de telecomunicaciones llamada CTR” indican en la declaración. A esto se suma que se habría autorizado a un ex seremi del Ministerio de Obras Públicas a ocupar también terrenos para la instalación de un galpón y se estarían vendiendo en Tortel terrenos por medio de un programa especial de fomento a la inversión.

Ante esta situación, desde el Comité de Regularización de Tierras de Tortel cuestionan que “el Estado no reconoce la soberanía  que ejercen los tortelinos en este lugar apartado del país“, más aún hoy con las controversias de soberanía que se han conocido.  Agregan que son “las familias tortelinas las que, con el fin de vivir en la zona, han buscado en la ganadería, la extracción de madera y actualmente el turismo actividades económicas para sacar adelante a sus familias y recorren esta zona, dando un uso efectivo y poblamiento a este territorio olvidado por el Estado“.

Eso por ello que “exigimos la propiedad de la tierra de nuestros habitantes, ya que es la única forma de fortalecer el arraigo y que las familias inviertan su vida y recursos en su territorio.  Es nuestro derecho como cualquier ciudadano chileno que habita la República de Chile” para lo cual el Estado “debe entregar herramientas para poder dar posibilidades para que la gente pueda emprender en sus negocios, actualmente en el turismo“.

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